Tras la declaración de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, señalando que Romer Saucedo tuvo contactos con el Tribunal Supremo Electoral para interferir en las elecciones, Gustavo Ávila, presidente de la institución electoral, descartó esa situación y manifestó que hubo fallos que obligaban a habilitar o inhabilitar candidatos.
“En ningún momento nosotros coordinamos ningún tipo de habilitación o inhabilitación con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia”, manifestó Ávila.
Lo que manifestó Ávila es que el organismo electoral sufrió presiones a través de diferentes recursos constitucionales planteados por políticos y candidatos que intentaban frenar procesos electorales.
“En más de 90 oportunidades nos citaron a más de 90 audiencias de amparo constitucional”, declaró Ávila.
El presidente del TSE agregó que en su momento denunció que la Justicia buscaba una intromisión en el proceso electoral; sin embargo, volvió a descartar una supuesta coordinación para habilitar e inhabilitar candidatos.
Sobre lo ocurrido en San Ignacio de Velasco donde dos organizaciones políticas fueron inhabilitadas en las elecciones subnacionales, Ávila señaló que un civil presentó un amparo y la Justicia dio curso para que ambas no participen del proceso electoral.
